Las familias jaliscienses en condición de pobreza que eran atendidas por el programa Prospera, ya no serán atendidas por médicos y enfermeras del sector salud, debido a que unas 250 personas fueran despedidas este martes, luego de recibir las indicaciones de los responsables de la SSJ.
Los trabajadores fueron contratados mediante el recurso que se liberaba como parte del Programa Prospera, un proyecto que culminó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república.
“Nosotros somos médicos y enfermeras que trabajábamos en rancherías, en poblados lejanos. Algunas personas ya tenían trabajando más de 10 años en la Secretaría. Hoy nos avisaron que ya hay dinero para pagarnos”, relata Miriam Esparza, una enfermera de Lagos de Moreno que acudió a Casa Jalisco a manifestar su inconformidad.
Miriam y casi 250 personas más fueron avisadas de que ni siquiera les van a pagar los dos meses del 2019 que ya laboraron.
Prospera es una evolución del programa que inició bajo el nombre Solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para 1997, con Ernesto Zedillo como Presidente de México, tomó el nombre de Progresa y de ahí pasó a Oportunidades durante los sexenios panistas. Bajo la nueva administración federal, cambiará su nombre a Becas Benito Juárez y se modificará la división territorial de las zonas de mayor marginación social.
Corrupción en los padrones de beneficiarios, motivo de final del apoyo PROSPERA
Dentro de los censos realizados por la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), se detectaron diversas irregularidades en el empadronamiento de beneficiarios.
Por ejemplo, en Baja California, se contaba con registro de 55 mil 324 beneficiarios que integraban el padrón de Prospera. Para el 18 de febrero de 2019, se habían visitado 35 mil 589 domicilios, mil 428 de ellos no existían o tenían como registro domicilios que no fungían como vivienda.
No es una situación única. En todo el país, se han encontrado más de 205 mil beneficiarios falsos, para quienes la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargada de Prospera, aportaba de 400 a 3 mil 500 pesos cada mes por cada uno.
El desvío de recursos públicos se calcula en hasta 5 millones de pesos por mes, en algunos casos desde 2013.
Con información de UdGTV y SinEmbargo
