El escándalo de los trailers que transportaban cuerpos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ha puesto al descubierto la incompetencia y desorganización por parte de las instituciones involucradas y las autoridades que las presiden.
Los testimonios por parte de los portavoces de dichos organismos se contradicen, por su parte, familiares de los desaparecidos desmienten estas versiones.
En días pasados, este medio evidenció la donación de cuerpos sin identificar por parte de la Fiscalía, a escuelas de medicina de la entidad (aproximadamente 480 cadáveres del 2007 al 2018).
Aunque la Universidad de Guadalajara (UdeG) admite haber recibido 282 cuerpos de personas no identificadas de 2006 a 2018, sólo existe registro de 119 donativos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
La contradicción de cifras es resultado de solicitudes de información por parte de las dos instituciones. La UdeG asegura haber recibido más del doble de los cuerpos que el IJCF admite haber enviado con autorización del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cinco han sido los planteles de la UdeG que han recibido donativo de cuerpos por parte del Servicio Médico Forense. Del 2000 hasta 2018 400 cuerpos han sido distribuidos de la siguiente manera:
Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) recibió 374, Centro Universitario del Sur (CUSur) 15, Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) seis, Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) cuatro y el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) sólo uno. En todos éstos se imparte la carrera de Médico Cirujano y Partero.
En contraste, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses argumentó que en ese periodo entregó 119 cuerpos de personas sin identificar, todos entregados con previa autorización de la fiscalía.
La UdeG no es la única institución que recibió cadáveres de personas no identificadas para fines académicos. El IJCF también celebró convenios con el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara; así como con las universidades Autónoma de Guadalajara (UAG), Cuauhtémoc y Guadalajara Lamar.
A Lamar le entregaron 56 cuerpos de 2006 a 2018; la UAG recibió 34; el Tec de Monterrey, 17, y no se tienen datos de cuántos recibió la Cuauhtémoc. En todos estos planteles, según el IJCF, cesaron los donativos a partir de 2016.
Al no ser sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se puede saber si la cifra coincide con los registros de los planteles.
Inconsistencias en las cifras
Los número de las donaciones realizadas por parte del IJCF no coinciden con los de la UdeG, y este comportamiento se repite año tras año.
En 2006, la UdeG recibió 32 cuerpos, sólo para el CUCS; mientras que el IJCF expone que el Ministerio Público autorizó el donativo de 24 en ese año.
Para 2007 se registra otra discrepancia: mientras que la UdeG afirma haber recibido 12 cuerpos (11 para el CUCS y uno para el CUAltos), en el IJCF se tiene registro de siete.
La incongruencia en los datos se repite en los años siguientes.
Preocupante desorganización
La coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), asegura que la falta de claridad en las cifras es preocupante, pues no puede tenerse certeza de que se respetaron los protocolos pertinentes para la donación de cuerpos si no se sabe a ciencia cierta quién tiene los números correctos.
“Si ellos ni siquiera tienen claridad de cuántos cuerpos fueron entregados a las universidades, entonces cómo pueden tener certeza de que se han realizado pruebas necesarias para posterior identificación de esos cuerpos. Y entonces, al momento, las posibilidades de realmente poder identificar esos cuerpos cuando se haga la investigación más exhaustiva son nulas para poder entregarlos. Entonces el derecho a la verdad sí es totalmente violado”, dijo Anna Karolina Chimak, Cepad.
Faltas a la ley
De acuerdo con la Ley General de Salud, en el marco de la creación de la Ley General de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda, se especifica que las universidades sólo pueden recibir cuerpos de los cuales se tenga autorización de los familiares o de la persona fallecida ante mortem.
Mediante una solicitud de información, la Secretaría de Salud federal (SS) informó que en el artículo 350 bis 4 de dicha Ley se plantea dichas restricciones: “Las instituciones educativas sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte”, indica el artículo.
En otros estados, como Coahuila, se dejaron de utilizar cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en prácticas de medicina para usar Centros de Simulación Médica, a fin de no violar la ley.
Demoras en el proceso de identificación
Luego de conocerse el contenido de los ya famosos “traileres de la muerte”, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, instruyó la expedita identificación de los cadáveres que se encontraban almacenados en las cajas frigoríficas, así como los que ya se permanecían en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); fijando como fecha para finalizar la identificación, este próximo 15 de octubre.
El nuevo titular del organismo, Carlos Barba Rodríguez dijo que hasta la noche del lunes se habían inhumado 70 de los 444 cuerpos, todos plenamente identificados y con expedientes validados por la comisión especial que se integró para vigilar el proceso. De éstos, 18 fueron ya reclamados por sus familiares.
El funcionario señaló que la identificación ha sido lenta porque todos los cuerpos habían sido sometidos a necropsia, que sólo permite conocer las causas de la muerte, pero no tienen el resto de los datos. El expediente se integra además por el perfil genético, la ficha odontológica, la información dactilar y las fotografías, tanto del cuerpo como de sus pertenencias.
Por las condiciones en que se encontraban los cuerpos, indicó, en muchos casos no se pueden realizar ya lo estudios dactilares, que se han tenido que sustituir por estudios antropológicos.
Otro obstáculo, agregó, es la imposibilidad de tomar muestras de sangre o saliva para los exámenes de ADN. En estos casos, la muestra para las pruebas genéticas debe tomarse de un hueso, que además no haya sido expuesto al sol, porque los rayos ultravioleta o las bacterias pueden afectar la información. Las pruebas óseas deben someterse a un proceso de descalcificación antes de examinarse, lo que triplica el tiempo para obtener resultados.
Los trabajos se han intensificado por parte de la agencia del Ministerio Público en jornadas de 24 horas, los siete días de la semana.
Atención a víctimas
De los dos módulos de información que había, se habilitaron ocho nuevos donde se ofrece atención a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos o quienes saben que sus cuerpos están en el Servicio Médico Forense; esto con el apoyo del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
Desde el 19 de septiembre, fecha en la que comenzaron las jornadas para tomar muestras de ADN a los familiares de personas desaparecidas, han acudido cerca de mil 110 personas. Los servicios que se prestan son psicológicos, de trabajo social y la atención del personal del IJCF para la recepción y el protocolo para identificar a sus familiares.
Por su parte, los asistentes denuncian el caos que se vive dentro del IJCF. Entre las quejas que más persisten están la insuficiencia de personal, la falta de recursos tecnológicos, la larga espera de tiempo, la inexistencia de una base de datos accesible, el descuido de los expedientes y fichas de investigación, así como la deplorable logística.
