Aunque en 2011, la empresa Russell Bedford evidenció irregularidades por 579 millones de pesos en el manejo de los recursos de la 57 legislatura local (2004 -2007), estás fueron sancionadas, ya que el ex Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, y su suegro, también habían recibido parte de los recursos que habrían sido mal ejercidos.
De hecho, Alonso Godoy no fue sancionado con ninguna pena o multa, solamente fue destituido de su cargo.
De acuerdo a esta auditoría, entre 2007 y 2008, el ex Auditor Superior recibió siete cheques por 2 millones 996 mil pesos, pero en 2009 subió la cantidad, pues le tocaron 6.5 millones de pesos, esto poco antes que terminaran su periodo los anteriores diputados.
De la cuenta abierta en el banco IXE y que según la auditoría de Russel Bedford no cumplía con los requerimientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, salieron 10 pagos a Alfredo Vargas Padilla, suegro de Godoy Pelayo, por 500 mil pesos cada uno, es decir, cinco millones de pesos.
Alfredo Vargas Padilla no aparecía registrado como proveedor del Congreso y tampoco existía contrato con éste que respaldara los pagos que le hicieron.
Luego de que se dieron a conocer estos pagos para el Auditor Superior y su suegro, los actuales diputados citaron al funcionario para que explicara por qué recibió pagos extraordinarios a su sueldo.
En la comparecencia del 4 de febrero del 2011, indicó que se trataba de diversos adeudos del Congreso, y dijo que entre otros se le pagaron las vacaciones que desde 2004 no había tomado, por lo que se las pagaron en efectivo, aunque dijo que no revisó los detalles de los conceptos de lo recibido y qué él no los cobró, sino que fue decisión del Congreso.
“Yo pregunté que si eran del todo legales y que necesitaba el soporte y así fue como se me entregó”, dijo al ser custionado.
“No lo recuerdo (el detalle de los conceptos que le pagaron), se habla de todo el aspecto de compensaciones, de gratificaciones, de la percepción anual que los servidores públicos del Congreso los siguen percibiendo, una serie de prestaciones que no tengo yo el desglose porque no entra dentro de mi ámbito competencial”.
Cuando los diputados le preguntaban quién específicamente le había llamado para pedirle que acudiera a cobrar esas prestaciones el Auditor Superior respondía con frases como “el área administrativa” o “el personal del Congreso”, lo que sembró sospechas.
Hasta el ejercicio 2008 las revisiones de las cuentas públicas que enviaba la Auditoría Superior del Estado al Congreso, podían ser modificadas por los diputados aunque no existieran elementos técnicos para ello, sino sólo criterios políticos.
Por su parte y en su momento, el entonces presidente de la Coparmex y ahora presidente re electo de Zapopan, Pablo Lemus, publicó en Twitter:
“Olvidaba mencionar el interés de exdiputados por mantener a Godoy en su puesto, seguramente necesitan alguien que cuide lo que hicieron”, publicó el 10 de febrero en Twitter, “Si existe pérdida de confianza en el responsable de revisar la aplicación de los recursos la relación no puede continuar. Adiós al Auditor”.
La gran estafa
Como parte de los últimos 6.5 millones de pesos, Godoy Pelayo dijo que una parte fueron vacaciones no disfrutadas de 2004 a 2009, que le tuvieron que pagar en efectivo, y aunque reconoce que contraviene la Ley de Servidores Públicos, explicó que se basó en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que explica que cuando ya no es posible disfrutar de la prestación, se debe pagar en efectivo.
Sin embargo en la revisión de la cuenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del año 2009, Godoy Pelayo observó como irregular el pago de vacaciones no disfrutadas a un empleado que fue despedido.
Argumentó que otra parte de esos pagos corresponden a diversos bonos, pues aunque están prohibidos en Jalisco, él fue designado un mes antes que entrara en vigor esta restricción; sin embargo en la cuenta pública del Gobierno del Estado de 2003 sugirió cargos por haberse pagado estos bonos a varios directores pues indicó que habían sido pagados en diciembre, cuando ya la reforma había entrado en vigor.
Los funcionarios que cobraron estos bonos, estaban en su misma situación, pues habían sido nombrados antes de dicha reforma.
De acuerdo con la nueva Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los diputados ya no pueden hacer modificaciones a los dictámenes que emita la Auditoría Superior del Estado, pero sí pueden rechazar por una única ocasión el documento.
El estafador asesorará a funcionarios federales
El ex auditor del Estado de Jalisco, retornó de entre las cenizas para confirmar que efectivamente tiene una invitación por parte del Gobierno Federal ha incorporarse en la administración del nuevo gobierno.
Por ahora, Alonso Godoy Pelayo, sólo se encarga de las capacitaciones a los funcionarios federales en materia administrativa.
“No tengo de momento ninguna decisión tomada, pero sí tengo invitaciones de algunas áreas. La encomienda que se me dio fue realizar una capacitación por los procesos de entrega- recepción que están iniciando y como lo decía el propio doctor Lomelí no hay delegados, el único delegado está aquí”, dijo Godoy.
Aunque se le ha criticado sobre su pésima administración en su paso por la Auditoría Superior del Estado, Godoy Pelayo defiende su labor durante ese tiempo y acusa que los diputados solían lavar cuentas que tenían cargos fincados por la institución.
Añadió que no ha cobrado por sus asesorías, esto pese a que algunas fuentes cercanas a él señalen lo contrario.
Esto representa una opinión del medio basado en información de Animal Político y UdeG Noticias
