Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que empresas internacionales con antecedentes de corrupción, no formarían parte de la licitación para construir la nueva refinería de Dos Bocas, se ha comprobado lo contrario.
El pasado 18 de marzo de 2019, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, reveló los nombres de las empresas que invitó Petróleos de México, Pemex para el proceso licitatorio: Technip, KBR y los consorcios Bechtel-Techint y WorleyParsons-Jacobs.
Delitos de corrupción internacionales
En junio de 2010, la firma francesa Technip acordó pagar 338 millones de dólares y resolver las acusaciones en Estados Unidos por sobornos a funcionarios del gobierno de Nigeria, con el fin de obtener contratos de construcción de instalaciones de gas natural licuado.
El caso involucró a otra de las empresas invitadas, la estadounidense KBR (anteriormente Kellogg Brown & Root) y otras dos compañías más para construir las instalaciones en Bonny Island, Nigeria, valuadas en 6,000 millones de dólares, así lo informó el Departamento de Justicia estadounidense en un documento.
Technip autorizó el joint venture para contratar a dos agentes, Jeffrey Tesler y una compañía japonesa y así pagar los sobornos a oficiales nigerianos. El entonces CEO de KBR, Albert “Jack” Stanley, se reunió con funcionarios nigerianos para que designaran a un representante con quien la empresa debería negociar los sobornos.
En total, el consorcio pagó 132 millones de dólares a una corporación controlada por Tesler y más de 50 millones de dólares a la empresa comercial japonesa durante el plan del soborno.
Otro caso lo enfrentó el grupo argentino Techint, cuyo presidente ejecutivo, el multimillonario Paolo Rocca, con una fortuna de 4,300 millones de dólares, según Forbes, fue procesado judicialmente por una investigación en una amplia red de sobornos.
En noviembre de 2018, el gigante italo-argentino que controla a Ternium y Tenaris explicó que uno de sus ejecutivos reconoció que pagó a exfuncionarios de Cristina Fernadez de Kirchner durante el proceso de nacionalización en Venezuela de Sidor, una filial del grupo empresarial, reportó Reuters.
Un caso más es el de la familia dueña de la firma constructora estadounidense Bechtel, con ingresos por 25,900 millones de dólares anuales, que fue vinculada en un caso de corrupción en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
El diario británico Telegraph informó que la compañía uso los servicios de Al Badie Group en una campaña para ganar un contrato de 600 millones de dólares para construir su planta petroquímica.
En 2016, la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) de Reino Unido abrió una investigación en contra de la empresa Unaoil luego de que en 2010 alcanzara un acuerdo con Leighton Holdings que más tarde, en 2011, el grupo denunció como corrupción sobre un contracto por 500 mdd para un ducto en Iraq.
Documentos filtrados revelaron que las empresas Borghi y Unaoil podrían ganar cientos de miles de dólares si ayudaban al consorcio encabezado por WorleyParsons a ganar un contrato en el campo petrolero Kashagan, ubicado en Kazajstán, de acuerdo con el diario australiano The Sydney Morning Herald.
El gigante estadounidense de ingeniería KBR también fue involucrado en actos de corrupción con Unaoil.
Por último, en 2016 la filial china de la empresa estadounidense Jacobs fue vetada para participar en contratos de consultoría para el gobierno de Hong Kong durante un año.
La razón fue la falsificación de pruebas de calidad en los materiales de un puente entre Hong Kong y Zhuhai y Macau, por las que arrestaron a 21 empleados de Jacobs China.
“No vamos a participar con empresas con antecedentes de corrupción”
En enero de 2019, Nahle aseguró que se eligió el esquema de la licitación restringida para evitar la participación de empresas con antecedentes de sobornos.
“Va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las empresas especialistas, serias (…) estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción. Esa es una de las premisas que ha mandado el presidente”, declaró la funcionaria encargada de la política energética en el foro Energy México 2019 Oil & Gas Power.
El gobierno mexicano pretende que la megaobra de refinación procese 340,000 barriles diarios de crudo maya de 22 grados API y comience operaciones en 2021.
Para lograrlo, la nueva administración gastará 8,000 millones de dólares. La Secretaría de Energía estima que se crearán 23,000 empleos directos y 100,000 indirectos con la construcción.
Su objetivo es que la refinería ayude a terminar con las importaciones de combustible desde Estados Unidos, que hoy representan casi el 80% de la demanda nacional.
De igual forma, el gobierno intenta rehabilitar las seis refinerías del país, que hoy operan por debajo del 40% de su capacidad para procesar 1.5 millones de barriles de crudo diarios.
Con información de Forbes
