De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el porcentaje de las adjudicaciones directas que ha dado el gobierno Federal en la gran mayoría de los proyectos, equivale a un 74 por ciento.
El reporte revela que tan sólo 18 por ciento del total de los contratos se han otorgado en un proceso de licitación y 7 por ciento por invitación restringida, es decir, se elige de entre tres proveedores al que realizará el proyecto, lo que es muy similar a la adjudicación directa.
Si bien, el presidente López Obrador ha reiterado en repetidas ocasiones que no permitirá los casos de corrupción e influyentismo en su gobierno, ha otorgado una escandalosa cifra de asignaciones directas a compañías nacionales y extranjeras; como es el caso de las empresas que participarán en la construcción de la Refinería Dos Bocas, mismas que tienen en su expediente cargos por presuntos casos de corrupción.
En contraste con la estrategia del combate contra el huachicoleo, en enero de este año, una filial no paraestatal de PEMEX (Petróleos Mexicanos) compró 671 pipas al gobierno, por un monto de mil 765 millones de pesos en asignación directa. Es decir, se busca acabar con la ilegalidad y corrupción, pero al mismo tiempo se incurre en prácticas que fomentan estos delitos.
Otro ejemplo es cuando el mandatario anunció que la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) se encargaría de la construcción de las pistas y la terminal de Santa Lucía, al igual que su administración.
En su defensa, el gobierno Federal ha declarado que este tipo de acciones se llevan a cabo por la urgencia de poner en marcha los megaproyectos que tienen como objetivo incentivar el trabajo y, por ende, la economía mexicana.
Con información de Reporte índigo
