El gobernador Enrique Alfaro presentó una iniciativa al Congreso local para modificar la forma de designar a jueces y magistrados.
El proyecto destaca que ahora se hará una evaluación a los aspirantes, no solo de conocimientos sino también pruebas de control y confianza, mientras que sus perfiles serán revisados por el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, y habrá paridad de género en la designación de cargos.
Actualmente, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJA) son electos por el Congreso, a partir de una lista de candidatos que elabora el Consejo de la Judicatura estatal, cuyo proceso ha sido calificado en varias ocasiones como un reparto de cuotas entre las bancadas que conforman el Poder Legislativo.
La propuesta del gobernador busca que se hagan dos evaluaciones para elegir a los aspirantes: una por parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con relación al currículo y aptitudes de los aspirantes.
La segunda sería una evaluación técnica que realizaría el Congreso a través de una institución de educación superior, de investigación o evaluación, bajo la supervisión de un comité integrado por representantes de las universidades públicas y privadas del Estado.
Tras conocer los resultados de las evaluaciones, se presentará una terna de los mejores al Congreso local, el cual dentro de un plazo improrrogable de 30 días, nombrará al magistrado por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados integrantes.
En caso de no llegar a un acuerdo, la designación sería por insaculación, de entre los tres aspirantes mejor evaluados, según la propuesta.
Además, se plantea que quienes sean designados como jueces y magistrados del STJ y del TJA, deberán aprobar exámenes de control de confianza, previo a su elección y toma de protesta, así como una vez en funciones, para continuar en el cargo.
En la iniciativa de reforma a la Constitución de Jalisco, el mandatario estatal propone que los magistrados permanezcan en el cargo por un único periodo de 10 años, mientras que los jueces de primera instancia, menores y de paz, estarían por cuatro años, pudiendo ser nombrados por más de un periodo, siempre y cuando aprueben las evaluaciones técnicas, curricular y de aptitudes, y las de control y confianza.
Con información de Proceso
