En 2015, la empresa española Abengoa, encargada de la construcción del acueducto que llevaría agua de Jalisco hasta el corredor industrial de Guanajuato, declaró la presa El Zapotillo “insolvente”. A pesar de eso, el proyecto ha recibido más de cinco mil millones de pesos del gobierno mexicano.
A principios de octubre del año pasado, cuando ya había ganado las elecciones como presidente de México, López Obrador anunció en una visita en León, Guanajuato que la presa de El Zapotillo no se construiría.
El entonces candidato a la presidencia visitó, en por lo menos tres ocasiones, los pueblos que serían inundados, escuchando las necesidades de los pobladores y reiterando su total apoyo en lo que a la cancelación respecta.
No obstante, parece que cambió de opinión.
Los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo llevan más de 10 años peleando para no ser inundados por la presa. Los habitantes de estos municipios han defendido sus casas frente a las empresas españolas FCC y Abengoa, principalmente del gobierno federal.
Con las esperanzas puestas en el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, piden al Presidente cumplir su promesa de campaña de echar para atrás el proyecto. Esto luego de que la semana pasada se anunciara que se destinarán 500 millones de pesos para que la obra continúe.
En contexto…
En un inicio, la Presa el Zapotillo de Jalisco garantizaría el agua para el creciente corredor industrial de Guanajuato. Durante años, el proyecto a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las empresas FCC y Abengoa no contemplaron a los habitantes sobre los que se construiría el embalse. Pero la defensa de estos pueblos campesinos es tenaz.
Éste es el caso más judicializado del país contra un megaproyecto. Los juicios escalaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Desde entonces, la construcción de la presa quedó suspendida. A pesar de eso, el proyecto está casi completo; la cortina de la presa tiene 80 metros de altura. Suficiente para funcionar, pero aún sin la capacidad para llevar agua a los desarrollos industriales y agroindustriales de Guanajuato.
En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación a favor de los pobladores, y pidió la protección de los municipios.
En marzo de este año, el Comité Salvemos Temacapulín, acudieron a la Secretaría de Gobernación de México y pidieron al coordinador de asesores de la Oficina de Presidencia y a diversos funcionarios de Conagua, parar el proyecto.
En la reunión, los pobladores enfatizaron: “esperamos que el Gobierno cumpla con su palabra de cancelar la Presa el Zapotillo”.
Sin embargo, en el presupuesto de 2019, se destinaron 500 millones de pesos para el proyecto El Zapotillo. Aunque la obra quedó suspendida desde 2015.
Incluso, Alfonso Romo, nombrado por el Presidente López Obrador como jefe de la Oficina de Presidencia, se reunió con inversionistas y políticos guanajuatenses a los que aseguró que la construcción de la presa El Zapotillo SÍ se llevaría a cabo.
“El proyecto [El Zapotillo] está autorizado en su totalidad y seguramente en los próximos meses vamos a empezar a ver avances”, aseguró Romo.
Con lo que no cuenta el gobierno, es con el problema de la falta de agua. Son los mismos pueblos quienes han afirmado que en la zona carecen de agua, por ende, existe escasez de los servicios de drenaje, salud y educación.
En 2011 los pobladores hicieron una consulta ciudadana en el estado sobre la realización de la presa en la que ganó el “NO”.
Finalmente y como desde los inicios de esta lucha, el Comité Salvemos Temacapulín sostiene que la presa no es ni siquiera un proyecto sustentable con el ambiente, además han evidenciado la poca transparencia del proyecto por parte de las autoridades.
Con información de Sin Embargo y Pie de Página
