Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder en México, por tener clientes como el expresidente Enrique Peña Nieto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros) en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.
La Banca Privada d’Andorra (BPA) controló durante ese periodo 24 cuentas donde figuraron como titulares, en la mayoría de los casos, sociedades radicadas en las Antillas Holandesas, siendo el abogado el último beneficiario de dichas cuentas.
Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos del abogado —85,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo— por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación se archivó de forma provisional en octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada varios informes en los que exculpaba a Collado.
El dictamen y otros informes posteriores de México que exoneraban a Collado, propiciaron el cierre del caso judicial que se llevaba a cabo en Andorra..
La figura del no ejercicio de la acción penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y que permitió el desbloqueo de los fondos y su recuperación por parte de los titulares de la cuenta que este había abierto como representante. También en este caso las autoridades andorranas han expresado su descontento por la actitud de la justicia mexicana.
El arresto de Collado
Tras el dictamen de exoneración del abogado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congeló sus fondos, se inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero.
No obstante, según fuentes de la investigación, el trámite que se desarrolló durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se paró, debido a que el pasado 9 de julio fue detenido por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ante ello, autoridades de Andorra expresan sentirse “burlados” por el gobierno mexicano, por haber ignorado todas las investigaciones que inculpaban al abogado y por la contradicción de la ahora reciente detención.
Del traspaso del dinero
De acuerdo con las autoridades de Andorra, la mayor parte de los 120 millones, 94,4 millones, fueron traspasos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA.
Este hecho contrasta con los planes que Collado comunicó a esta institución financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como “Know Your Customer” (Conozca a su Cliente, en inglés) —una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos— Collado dijo que preveía colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: las casas de empeño Prenda Oro y Siglo XXI y su bufete, Collado y Asociados.
Sin embargo, entre las 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Collado aparecen inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas, pero no estas empresas.
Aviones y propiedades en Miami y Acapulco
Tejido mediante sociedades instrumentales, el patrimonio financiero del abogado en Andorra sirvió para avalar préstamos. Con estos créditos, Collado adquirió propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones de negocios: un Cessna Citation, por el que en 2010 desembolsó 3,2 millones, y un Bombardier Challenger 601, que compró en 2013 por dos millones y cuyo préstamo avaló a través de su sociedad holandesa Constelation Investments CV, según un informe de la policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, investigación titulada Operación Jet.
Abogado de Peña Nieto
La policía de Andorra aseguró la participación del Gobierno mexicano en los movimientos ilegales.
La etiqueta de PEP se refiere en la jerga financiera a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción. Junto a Peña Nieto, Collado ha defendido al exgobernador de Quintana Roo, el priísta Mario Villanueva, al líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.
La investigación sobre Collado en Andorra arrancó a raíz del análisis de las estructuras financieras que Cristina Lozano, una exdirectiva de la BPA, creaba para determinados clientes. El 15 de marzo de 2016 los agentes advirtieron que Lozano, exejecutiva de BPA Serveis, figuró en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario último era Collado. Las sociedades ingresaron entre septiembre y diciembre de ese año más de 40 millones de dólares. Lozano fue procesada el pasado septiembre junto con 27 personas en la causa que indaga el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA a manos de exjerarcas chavistas y la ocultación del botín de la BPA.
La que pasa por ser la mayor red de sobornos de América, Odebrecht; el presunto blanqueador asiático Gao Ping o la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol también eligieron esta institución financiera para supuestamente ocultar su botín.
Guardar la confidencialidad del patrimonio; Collado
El abogado Juan Ramón Collado resumió así en julio de 2016 porqué movió fondos millonarios en Andorra: “Nuestra preocupación era guardar la confidencialidad del patrimonio”.
En una declaración ante la juez andorrana Canòlic Mingorance, el letrado justificó el dinero que colocó en este el país europeo con los beneficios de su actividad empresarial. Dijo a la juez que su bufete empleaba a 40 profesionales y tenía en su cartera de clientes a diez autonomías, así como al sindicato de Pemex. “En los últimos 14 años he generado unos ingresos personales exclusivamente como honorarios de aproximadamente 45 millones de dólares”, indicó.
Con información de El País
