El juez federal que en julio y agosto concedió tres suspensiones definitivas de amparo para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), se dispone a levantar todos los obstáculos legales para el proyecto después de hacer lo que él llamó “nuevas reflexiones y análisis”.
Juan Carlos Guzmán Rosas, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, ya rechazó incluso que se tengan que conservar las obras del cancelado aeropuerto de Texcoco, como lo había establecido en sus sentencias previas.
El juez cambió su postura luego de que el 29 de agosto el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional -adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República- aceptó una solicitud presentada un día antes por la Sedena para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del País todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles.
Así, mientras que el 30 de julio Guzmán suspendió las obras en Santa Lucía con el argumento de que había riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos, en una nueva sentencia señala que se afectarían incluso órdenes para la defensa de la soberanía del País.
“Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional”, explicó al negar, el pasado 25 de septiembre, otra suspensión en el amparo 1206/2019.
“De concederse la suspensión”, establece el juez en otra de sus “reflexiones”, “se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo”.
El juzgador incluso abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del tribunal colegiado- de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.
En ese aspecto, su nueva sentencia señala: “Es improcedente otorgar la suspensión… (alegando) el uso eficiente de los recursos públicos, porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio”.
En su oficio, la Sedena alegó que las suspensiones de amparo ponen en peligro la defensa, integridad y soberanía del País por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional, ni para el Plan DN-III de auxilio a la población en casos de desastre.
Pero el colectivo #NoMásDerroches, que patrocina los amparos, refutó esta versión.
“Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público”, expresó en un comunicado la semana pasada.
“En todo caso, el proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica”.
La decisión del juez no será definitiva, pues aún debe ser revisada por un tribunal colegiado.
Con información de El Norte
