La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, admitió en una comparecencia ante el Congreso local ser “prima hermana” de Guadalupe Hernández “La Jefa”, operadora de Los Zetas y cercana al capo Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, jefe de plaza detenido en el 2017 en Cárdenas, Tabasco.
Hernández Giadáns admitió el parentesco con “La Jefa” luego de ser cuestionada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Manuel Pozos Castro.
La Fiscal excusó que ella “no escogió a su familia” y que ni su familia, ni sus amigos están por encima de la ley; aseguró que tiene “más de 30 años” que perdió contacto con su prima hermana..
“Sólo soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras”, dijo Verónica Hernández
En una maratónica comparecencia que duró más de cinco horas, Verónica Hernández insistió que en su trayectoria en el servicio público –como secretaria del Ayuntamiento de Xalapa y como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno– se ha conducido con valores, principios, ética y congruencia en el decir y el hacer.
“Respondo por mis actos y aclaro, a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella. No tengo relación con esa familia y en mi examen de control y confianza claro que lo dije, tenemos que conducirnos con la verdad”.
Insistiendo con el tema de “La Jefa”, Verónica Hernández tuvo que admitir su relación consanguínea.
“No voy a negar un parentesco que existe, a la familia no se le elige. Afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos ni por la familia puedo yo responder”.
Culpa a pasadas administraciones
Hernández Giadans culpó a pasadas administraciones de la situación caótica que priva en la Fiscalía y que ha retrasado la identificación de cuerpos en fosas clandestinas, así como el avance en las investigaciones de personas desaparecidas.
En una comparecencia con escasa asistencia de diputados de oposición (PAN y PRD), Verónica Hernández presumió que desde que tomó las riendas de la oficina se ha combatido el secuestro, se han reclasificado feminicidios, se da una mejor atención a familiares de personas desaparecidas y abatir el rezago de carpetas de investigación.
Desde su creación en enero del 2015, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado envuelta en la polémica y en escándalos ligados al crimen organizado.
Ligas con el narco
El anterior fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia, fue acusado por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de proteger al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las masacres de La Potra, en Minatitlán, y en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos.
Tras la detención del “Comandante H” en 2017, policías ministeriales del sur de Veracruz revelaron la amistad entre el capo de Los Zetas y el fiscal regional, Jorge Morales Carrasco –propuesto por Jorge Winckler– quien tuvo que renunciar a la corporación apenas un par de días después de la detención del líder Zeta.
Mientras que Luis Ángel Bravo Contreras –quien salió de prisión en mayo del 2019– fue señalado por Colectivos de Desaparecidos de proteger a Arturo Bermúdez Zurita “Capitán Tormenta” en cientos de desapariciones forzadas en Veracruz.
Señalaron que se realizaban operativos para “levantar” a cualquier sospechoso de pertenecer a Los Zetas para “dejarle el camino libre” al Cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las aseveraciones que hizo al periódico El País el fiscal especializado, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
Gamboa, funcionario en el sexenio del priista Javier Duarte y del panista Miguel Ángel Yunes, hoy también se encuentra prófugo de la justicia.
El exsubprocurador general de justicia, Marco Antonio Lezama Moo, también fue señalado de pertenecer a una red de funcionarios que “facilitaban” la liberación de integrantes de Los Zetas, a cambio de una compensación mensual de 50 mil pesos.
Lezama Moo dejó de pertenecer a la Fiscalía en 2014, cuando fue investido –a propuesta de Duarte– como magistrado, donde actualmente continua como servidor público.
Incluso, en la última renovación del Poder Judicial del Estado, en diciembre de 2019, fue Lezama quien propuso a Sofía Martínez Rivera como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
