Los tiempos cambian y para el “Grupo Universidad”, comandado por el cacique Raúl Padilla, no ha sido la excepción.
A pesar de amasar durante más de 30 años poder gracias a negociaciones con altas esferas del poder, entre las que destacan las administraciones estatales en turno, el poder de Raúl Padilla ha venido a la baja desde 2018 a la fecha.
Fue durante las administraciones procedentes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Jorge Aristóteles Sandoval, donde los tentáculos del factótum conocido como “El Licenciado” alcanzaron posiciones dentro de roles estratégicos de la administración estatal, así como posiciones dentro de distintos organismos autónomos y el Poder Judicial.
Como cuotas a cambio de sumar al capital político de las administraciones en turno a la estructura de la máxima casa de estudios en Jalisco, fue que algunos nombres allegados a Padilla López fueron incorporándose a la administración pública, en donde operaban a favor del cacique universitario y acumulaban poder y riqueza a costa del erario.
Algunas posiciones conquistadas por el poder del “Grupo Universidad” estuvieron en las máximas cúpulas de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Institutos de Transparencia (ITEI), el Sistema Anticorrupción de Jalisco y la Comisión de Filmaciones del Estado.
Además, personajes allegados a Raúl Padilla fueron acomodados en puestos claves para la impartición de justicia, poniendo en entredicho la imparcialidad de los organismos y los méritos por los cuales ex magistrados como Adrián Joaquín Miranda (Tribunal de Justicia Administrativa) o Manuel Higinio Ramírez (Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco) pudieron acceder a esos puestos.
El poder extendido a la administración pública no solo significaba garantizar que las decisiones dentro de dichos organismos debieran contar con el visto bueno de quien es considerado el Rector de Facto de la Universidad de Guadalajara, sino que además significaba una importante suma de dinero en nóminas con cargo al erario.
Por ejemplo, el caso de Alfonso Hernández Barrón, quien fungió como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ostentaba un sueldo quincenal de 53, 126 pesos antes de impuestos. También se registran las nóminas de Ixcóatl Partida y de Rosalinda Mariscal por 13, 587 pesos y 42,116 pesos brutos respectivamente.
Dentro del poder judicial destacan las percepciones de Adrián Joaquín Miranda por 130, 591 pesos y de Manuel Higinio Ramírez Ramos por 91,752 pesos antes de impuestos.
En el Consejo de la Judicatura figuraba el nombre de Alfonso Partida Caballero, quien además era profesor de la Universidad de Guadalajara, ostentaba un ingreso que ascendía a los 57,498 pesos a la quincena.
En el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Emiliano Magallanes presidía el instituto cobrando 29,861 pesos antes de impuestos, mientras que en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Rocío Hernández Guerrero ganaba 49,252 pesos a la quincena.
