El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país, de acuerdo con una propuesta realizada por Morena para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.
El Inegi “debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, planteó el partido político a través de un comunicado firmado por su presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Este instituto “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”, propuso
“También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”, agrega el documento.
Posteriomente, el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, afirmó a través de Twitter que Morena propone un “nuevo Estado” donde el Inegi revise “el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.
El @PartidoMorenaMx propone un “nuevo Estado” donde el @INEGI_INFORMA revise “el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”; que se grave “la propiedad, la riqueza y el ingreso”; y que la @cofecemx evite “El sobreprecio que se impone al momento de adquirir”. Uff pic.twitter.com/KFTgnLvDDh
— Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 18 de mayo de 2020
El domingo, Morena publicó un comunicado en el que expresó que el diálogo y el Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse, motivo por el cual propuso modificaciones al sistema jurídico, entre ellas la relacionada con el Inegi.
Además, menciona la importancia de que el Estado de Bienestar esté plasmado de manera explícita en la Constitución “señalando los sistemas de protección universales que se deriven del mandato constitucional”.
En tercer lugar, expone la progresividad fiscal, la cual “debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del Estado y al financimiento del Estado de Bienestar. La proporcionalidad y la equidad deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes”, apunta.
Dicha progresividad tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud, detalla el comunicado. También se incluye la racionalidad de los gastos del Gobierno.
Como cuarto punto, expone que se debe constituir un consejo fiscal, es decir, un organismo autónomo y profesional, así como dependiente del Congreso de la Unión, el cual mida y evalúe de manera permanente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado mexicano.
“El país requiere de un organismo que tenga la responsabilidad de mostrar cada año si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que mayor vulnerabilidad presentan. Tendrán la obligación de informar si la calidad de los gastos públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y si se está usando para generar riqueza y prosperidad nacional”, dice el documento.
En tanto, en quinto y último lugar, el partido establece que la Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Esto bajo el argumento de que el sobreprecio impuesto al adquirir alimentos, material de construcción, en el uso del transporte terrestre o áereo, así como en medicamentos o sistemas financieros o de comunicación, afecta a los más pobres.
“La Cofece debe estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados. Pero, además, a la Comisión de Competencia se le tienen que dar mayores facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos”, manifiesta.
Con información de El Financiero
