Las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron 22 denuncias penales contra funcionarios y exfuncionarios de 11 estados por supuestos actos de corrupción cometidos entre 2012 y 2016.
Las denuncias se basan en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que reportó desfalcos de recursos públicos federales cometidos a nivel estatal.
Dichas irregularidades, presuntamente cometidas en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, alcanzarían los 36 mil millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Dos denuncias: una por malversación en el monto destinado al Seguro Popular y otra por irregularidades financieras en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Los reportes de la ASF, detectaron contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del sector salud.
De acuerdo con los documentos, los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al FASSA, que se encarga de garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada a algún régimen de seguridad social.
En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno Federal aportó dos mil 603 pesos a los estados, quienes son los responsables de brindar la atención médica.
Jalisco sin comprobar más de 6 mil millones de pesos
Durante este periodo, estuvo a cargo el secretario de salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, quien hace un año dejó el cargo con un cúmulo de irregularidades y aún no hay sanciones en su contra.
En la Fiscalía Especializada Anticorrupción, los casos contra ex funcionarios sospechosos de haberse servido con la cuchara grande aún no avanzan, entre ellos está el ex secretario.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades al gasto de la federación enviado a la entidad a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), del Seguro Popular y otros programas relacionados con esta área que suman 6,000 millones de pesos, durante el tiempo en el que Cruces Mada era el titular de la institución.
Algunos medios reportaron supuestas cirugías fantasmas a pacientes beneficiarios del Seguro Popular, quienes habrían sido remitidos a hospitales privados para diversas intervenciones quirúrgicas las cuales nunca existieron, pero cuyos servicios si fueron facturados y pagados.
Asimismo, contratos tachoneados y pago de sobresueldos, estados financieros desaparecidos, irregularidades en la operación de almacenes y negligencia en juicios laborales que provocaron mermas a las finanzas de la dependencia, son sólo algunas de las conclusiones preliminares presentadas por la Contraloría del Estado.
Estas observaciones corresponden exclusivamente al proceso de entrega-recepción, cuando Alfonso Petersen Farah tomó la titularidad tras la salida de Antonio Cruces Mada en octubre del año pasado.
Aunque se iniciaron carpetas de responsabilidad contra cinco directores de área y se le dio vista de las indagatorias tanto a la Fiscalía Anticorrupción, así como a la Auditoría Superior del Estado, nunca hubo sanciones en contra del ex titular.
También suman pruebas en la cuestión financiera, pues los estados nunca fueron aprobados por la Junta de Gobierno y hay tal desorden que no se sabe cuántos son los pasivos reales o incluso a quién se le debe de los proveedores.
En el área de recursos humanos se halló un desorden total: dobles nombramientos de trabajadores, designaciones sin firma y alteraciones de contratos laborales. Se detectaron más de 500 trabajadores a quienes se les dieron dobles nombramientos y por lo menos 130 contratos alterados, donde se escribía un salario mensual más elevado, de hasta 15 mil pesos.
Hubo trabajadores que incluso fueron dados de baja y demandaron a la Secretaría de Salud, pero exigiendo pagos por los montos modificados, no por lo conveniado oficialmente.
En el área de Almacenes, hay vacíos en materia de planeación, poca rotación de medicamentos (al grado que hasta 70% de lotes de fármacos y vacunas se echaron a perder), así como peticiones de canje fuera de tiempo.
Finalmente una extensa serie de denuncias por casos de negligencias en algunas clínicas del estado.
Esto representa una opinión del medio basado en información de Mural, Publimetro, Proceso, Medios UDG
