Pese a que el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, siempre ha negado como suya a la empresa a la que el actual gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos; se comprobó que sí ha tenido acceso al manejo de una de las cuentas bancarias de la farmacéutica.
De acuerdo con una investigación publicada este miércoles 10 de julio, por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se revela que el influyente funcionario, su esposa Karina Lucía Navarro Pérez, una de sus empleadas y dos de sus colaboradores más cercanos tuvieron autorización para acceder a fondos bancarios de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud).
La información de las cuentas aperturadas en Banco Monex y Banorte forma parte de la documentación que la Fiscalía del estado de Jalisco integró a la Carpeta 146/2019, de la que se desprendió toda la investigación que la semana pasada terminó por vincular a proceso a directivos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y a representantes de Abisalud, por delitos de fraude y uso indebido de atribuciones y facultades en la adquisición de medicamentos a sobre precio.
El vínculo
El 25 de enero de 2013, José Hiram Torres Salcedo, entonces dueño de la empresa Abisalud, aperturó una cuenta en el banco Banorte, dando como domicilio de la compañía el de la calle Chicle 205-1, en Parque Industrial El Colli, en Zapopan Jalisco, predio propiedad de Carlos Lomelí.
En el apartado donde se capturó la información del representante de la compañía, aparece José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Zapopan por Morena, pero proporcionando como correo electrónico el de [email protected].
Este correo electrónico pertenece a Laura Elena Ortiz Rodríguez, administradora de Lomedic, empresa que Carlos Lomelí Bolaños sí reconoce como propia y de la que fue director general durante seis años.
El documento bancario muestra un vínculo financiero directo entre el superdelegado y la empresa con la que él siempre ha negado tener relación. Esto pese a que Abisalud se instaló dentro de oficinas de su propiedad y ha sido manejada por sus colaboradores más cercanos.
El pasado 20 de mayo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que la empresa Abisalud forma parte de una red farmacéutica de nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos a gobiernos. Todas esas compañías están vinculadas entre sí por ser manejadas por familiares y colaboradores cercanos al superdelegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco. En esa red, dos prominentes personajes son José Hiram Torres y Juan Carlos Tadeo Martínez.
Lomelí Bolaños siempre ha negado tener participación en Abisalud, que ha tenido contratos públicos por más de 2 mil 188 millones de pesos entre 2013 y 2019.
Hasta abril de 2019, Abisalud había sumado más de 164 millones de pesos en contratos públicos, otorgados tanto por el actual Gobierno Federal, como por el Gobierno Estatal de Veracruz.
El 19 de febrero de 2018, Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, actual socio mayoritario de Abisalud, englobó a Abisalud con las empresas Lomedic y Constructora Integral Numei, empresas que sí son reconocidas abiertamente por Carlos Lomelí como compañías en las que ha tenido participación, de acuerdo con su 3de3, presentada en febrero de 2019.
Red de corrupción en el IPEJAL y ABISALUD
En el 2016, un “informe interno de revisión” practicado al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL-DAS-LPL-016/2016) por el contrato de adquisición y prestación de servicios con Abastecedora de Insumos para la Salud S. A. de C. V. (ABISALUD), evidenció una muestra de la corrupción entre autoridades de IPEJAL y sus proveedores de insumos y servicios médicos.
De la revisión de la parte técnica y económica de la licitación pública para adquirir medicamentos, se concluyó que “se localizaron 31 claves médicas con sobre precio, por un valor total de 29 millones, 340 mil, 746 pesos. De esta revisión minuciosa, el informe señala que la Dirección de Servicios Médicos de IPEJAL incumple nueve puntos. El mismo informe interno de revisión a IPEJAL detecta “121 claves médicas que rebasan el tope especificado en el contrato”, por lo que sólo por ese concepto “se generó un pago indebido por 89 millones 806 mil 773 pesos”.
En los anexos del contrato se advierte que los medicamentos son adquiridos por IPEJAL hasta con un 100% de sobre precio (por ejemplo, Omeprazol de 40 miligramos, c/14, precio unitario 2,520 pesos).
Además, precisamente en los medicamentos que se encuentran a sobre precio (según esta revisión), es donde se excedieron los montos contratados. Un ejemplo. El contrato establece un tope para comprar el Omeprazol, hasta por un monto de 432 mil pesos. El IPEJAL adquirió irregularmente (al margen del contrato) 19 millones 17 mil 360 pesos, justo de este medicamento. Una sobre compra del 4 mil 502 por ciento sobre lo contratado.
Más evidencias
Ese mismo año, en la Unidad Médica Familiar “Pila Seca”, se “detectaron 47 recetas médicas, en un periodo de 15 días, donde las firmas de los médicos NO COINCIDÍAN con el catálogo de sus firmas”.
Este robo de medicamentos, prescrito por firmas que no son de los médicos autorizados en esas Unidades Médicas Familiares, alcanzó una cifra de 125 mil 168 pesos, tan solo en UNA Unidad Médica revisada.
Este mismo informe interno marcaba que “se realizó un pago por concepto del Servicio de Administración de Medicamentos (16%), con la póliza con número de folio 1917002042, por 190 mil 396 pesos”.
También se subrayó que “personal de farmacia” que administraba ABISALUD, “surtía indebidamente recetas porque NO CUMPLÍAN con los requisitos señalados en el Reglamento de Insumos para la Salud”. Por lo que la empresa recibió un pago de 47 mil 682 pesos. Todo esto corresponde a UN contrato (DAS-LPL-016/2016) con la empresa ABISALUD.
El informe interno de revisión, practicado por la Contraloría del Estado de Jalisco, adviertío tres puntos:
1- Incumplimiento del contrato por parte de la empresa ABISALUD;
2- Evasión de pago de penas convencionales;
3- Daño Patrimonial.
Entonces, la recomendación fue la recisión administrativa del contrato con ABISALUD, por incumplimiento sistemático de las cláusulas pactadas; y que se “fincara de RESPONSABILIDAD patrimonial a quien resultara responsable”.
Tres años después, y a la fecha, aún no hay castigo ni responsables; muy por el contrario… aumentaron los privilegios y favoritismos.
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
