En la administración de la supuesta “cuarta trasformación”, no solamente los nuevos cambios en el tema del sector salud dejan muchas dudas, sino que también los del sector educativo.
En un país en los que los niveles de educación no alcanzan siquiera los estándares mínimos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a garantizar la educación superior como obligatoria. Para ello, el presidente tiene el desafio de brindar acceso universitario a 300 mil jóvenes mexicanos.
En apenas cinco meses, ha creado un centenar de universidades. Esto ha sido aplaudido por muchos, pero también se ha convertido en blanco de críticas por las carencias y la poca efectividad de las mismas.
Sin edificios, cuarteadas, o “acomodadas” en algún lugar pequeño, con planes de estudio diseñados en tiempo récord, con profesores elegidos en un mes y capacitados en una semana y, la mayoría, con carreras que no tienen acreditación oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al menos 83 de las 100 universidades de López Obrador han abierto sus puertas ya, según ha anunciado este martes la directora del programa, Raquel Sosa.
La capacidad que tendrán las universidades, cuyos alumnos reciben una beca de 2.400 pesos mensuales aún es incierta. En un primer momento estaban previstas para 64.000 estudiantes, pero el Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció hace algunas semanas que atenderían a 32.000 personas. Es una cifra poco significativa en un sistema que en el último ciclo registró una matrícula de 3,8 millones de alumnos.
“Los números más optimistas dicen que, si funcionaran a su máxima capacidad, no subiríamos la cobertura ni un 1%”, señala Alma Maldonado, investigadora en educación superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El Gobierno ha destinado 1.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Los datos de cómo funcionan sus programas son muy escasos. Solo se ha publicado qué carreras ofrecen y en qué ciudades tendrán sedes, pero aún no tienen domicilio fijo. La idea es que en el futuro funcionen de manera permanente en edificios construidos por vecinos en terrenos concedidos por campesinos o autoridades municipales.
Otra alerta que ha encendido el programa es la falta de un plan integral de educación superior. “López Obrador no tiene una política educativa, tiene una política social en la cual la educación juega en términos de inclusión”, señala Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Colegio de México. El presidente dijo que el objetivo del programa es reducir la actividad criminal. “Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle”, afirmó el mandatario en marzo. Una fórmula que, según los académicos, no funciona como una ecuación lineal.
Las universidades de MORENA
Como ya lo habíamos denunciado en una nota anterior, https://elfisgonpolitico.com/para-operar-universidades-gobierno-federal-dara-1000-mdp-a-organismo-internacional-que-no-esta-obligado-a-rendir-cuentas/ dichas universidades tienen su antecedente en las nueve escuelas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), unas instituciones creadas por el partido del presidente y subsidiadas por los legisladores de la formación. Esos planteles han sido incorporados ahora a la lista del centenar, pero menos de la mitad tienen acreditación de la SEP.
El programa, planteado por fuera de la SEP, será responsabilidad de Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), un organismo internacional con sede en México creado para incentivar la cooperación de América Latina en materia educativa. Los países miembros no aprobaron nunca la incorporación de este proyecto, algo obligatorio bajo su estatuto. Les fueron comunicadas las intenciones en diciembre, pero no lo habían debatido hasta mediados de mayo. Pese a eso, la Administración de López Obrador había anunciado con bombo y platillos que contaba con el respaldo del centro.
En suma, el organismo internacional que estará a cargo del dinero de las universidades no tiene obligación de acreditar sus gastos ante el Gobierno de México. Es decir. este es un organismo internacional que no está regido por las obligaciones presupuestales ni rendición de cuentas de la administración pública federal.
Aunque el programa tiene mil millones de pesos de presupuesto etiquetado en la Subsecretaría de Educación Superior, la dependencia no lo ejecutará directamente, sino que lo entregará al Crefal pero aún no se determina bajo qué mecanismo legal, ni cómo se vigilará su correcta asignación, mucho menos cual será el proceso de rendición de cuentas.
Con información de El País y Animal Político
