Los alumnos, maestros y trabajadores de cuando menos 45 mil 168 escuelas de nivel primaria, secundaria y preescolar del país están expuestos a riesgos por estudiar en planteles que operan con daños estructurales o que fueron construidos sin apego a la ley.
El gobierno federal planteó hace unos días desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), institución que se encarga de construir y normar la edificación de planteles educativos, y entregarle el dinero directamente a las comunidades escolares para que construyan, remodelen o reparen las escuelas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó “potencial vulnerabilidad” en las escuelas que se encuentran en las zonas del país que tienen mayor probabilidad a ser afectadas por un fenómeno natural.
De 145 mil 704 planteles que se encontraban en su base de datos al levantar la encuesta, 30% tiene fallas estructurales y 33.4% funciona con estructura atípica, es decir, “con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida por el Inifed”, según el Formato 911, un censo que elabora la SEP.
El 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con el ciclo escolar 2019-2020 arrancará el programa “La escuela es nuestra”, que consistirá en “entregar de manera directa, sin intermediarios, a los comités de maestros, alumnos y padres de familia de cada plantel educativo el presupuesto indispensable para la construcción, la reparación de aulas y el mantenimiento”.
Anteriormente, López Obrador había dado a conocer la desaparición del Inifed, que desde hace dos sexenios regula la construcción de escuelas para que sean seguras.
Investigadores consideraron que la medida que propone el Presidente puede poner en riesgo la comunidad de los planteles.
En el sismo de 2017 cerca de 20 mil escuelas de 11 entidades tuvieron afectaciones, pero sólo una escuela primaria, que no contó con supervisión para su edificación y ampliación ni de las autoridades educativas ni de las delegaciones, el Colegio Rébsamen en la Ciudad de México, se vino abajo y 26 personas perdieron la vida.
Bernardo Naranjo, exconsejero del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), indicó que en los sismos de 2017 en las escuelas públicas no se perdieron vidas, pues si bien “no son muy modernas ni las más bonitas”, son “muy seguras. Los planteles están diseñados para fungir como refugio o albergue de la población en caso necesario. Por ello tienen las más estrictas normas de construcción”.
Por su parte, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM), delegación Oaxaca, advirtió de posibles consecuencias graves porque la reconstrucción de escuelas no cuente con especialización para realizar las obras.
La asociación alertó que la mayoría de las escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en la región del Istmo de Tehuantepec resultaron dañadas porque fueron construidas por autoridades locales sin especialización.
Con información El Universal
