La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación luego que una joven de 16 años embarazada muriera tras una persecución de elementos de la Guardia Nacional.
A través de la Recomendación 70VG/2022 dirigida a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se señalan las “violaciones graves a los derechos humanos”.
La agresión cometida fue contra una pareja que viajaba por la carretera libre Zapotlanejo, Guadalajara, a bordo de una camioneta, y que fueron detenidos por tres elementos de la Guardia Nacional, quienes, tras una persecución en la que accionaron sus armas, provocaron la muerte de la mujer quien tenía dos meses de embarazo.
Tras la integración del expediente de queja, la CNDH dice que pudo corroborar que la pareja rebasó una unidad con miembros de Guardia Nacional quienes se percataron que la camioneta circulaba sin placas y, presuntamente, a exceso de velocidad, por lo que les marcaron el alto.
“Se inició una persecución que concluyó cuando los elementos de la Guardia Nacional accionaron sus armas y, una vez realizada la detención, se percataron que la mujer menor de edad y embarazada, había perdido la vida a causa de los disparos”, dice la recomendación.
Según la CNDH, se cuenta con evidencia suficiente para acreditar que los integrantes de la Guardia Nacional no se ajustaron a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“Su actuación derivó en un uso ilegal y excesivo de la fuerza letal, que vulneró el derecho humano a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y legalidad, de las dos víctimas de la agresión”, dice la recomendación.
La CNDH subraya que “el uso de la fuerza aplicado por los elementos de la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer embarazada, no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños. Tampoco se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable, como lo establece la legislación aplicable”.
Por estos hechos, la Comisión pide a la titular de la SSPC que tramite de inmediato la inscripción de las víctimas directas, y de aquellas personas que resultan ser víctimas indirectas, en el Registro Nacional de Víctimas, para que se proceda a la inmediata reparación del daño.
La CNDH también pide colaborar con la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa en contra de las personas servidoras públicas señaladas como responsables.
Respecto a la SSPC, se señala que deberá diseñar e impartir un curso sobre el Manual del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, específicamente sobre el uso legítimo de armas de fuego.
Con información de Animal Político
