En la licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del segundo semestre de 2019, misma donde hubo 64 por ciento de partidas declaradas desiertas, y en la que 37 por ciento no recibieron propuesta alguna; el gran ganador resultó ser el laboratorio nacional Pisa, del que es filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA), una de las tres empresas farmacéuticas vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que las calificó como “inmorales”.
El concurso para la distribución de medicamentos está ahora en proceso, pero Dimesa ya se quedó con el mayor monto adjudicado en la licitación de medicamentos.
El mismo presidente señaló a DIMESA como una de las empresas que vendieron en 2018 al ISSSTE y al IMSS, 34 mil 280 millones de pesos, el 62.4 por ciento de todas las compras, “esto sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”, dijo López Obrador el pasado 9 de abril.
Pisa participó en la licitación y se quedó con un importe total de 888.3 millones de pesos, al ganar 65 claves.
No sólo eso. Tras el anuncio de que el gobierno federal no se encargaría de la distribución de los fármacos, como se había dicho antes, sino que habrá una licitación para esto, la Secretaria de Hacienda hizo llegar el 25 de junio pasado una invitación para participar en una junta informativa, con los detalles sobre el proyecto de distribución.
“Pero no nos invitaron a todos, solo a unos pocos, no más de 10, entre ellos los tres vetados”, dijo a Animal Político José Luis García, presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud (Asmedis).
“Hicieron mucho escándalo sobre el monopolio en el mercado y los tres distribuidores dominantes y al final todo va a quedar casi igual”, aseguró uno de los participantes en la licitación de medicamentos.
Los resultados de la licitación han generado una serie de acusaciones que no han hecho más que encender la polémica. Dirigentes de asociaciones del sector farmacéutico están señalando que fue un proceso fallido.
Estos directivos coinciden en que lo más viable ahora es justo que el gobierno realice una segunda ronda, para el caso de los estados, porque si decide adjudicar directo las claves que quedaron desiertas, eso es un proceso menos transparente que la licitación.
Con información de Animal Político
