El Índice de Estado de Derecho en México alerta que el país está reprobado a nivel nacional, con un promedio de 0.39 puntos, en una escala que oscila entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho; y su peor calificación se da en el factor “ausencia de corrupción” que considera el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, así como en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Además, destaca, que todos los estados están muy lejos de la puntuación perfecta.
Las 5 entidades peores calificadas por el índice son, en este orden, Guerrero, que es gobernado por el PRI; Baja California Sur del PAN; Estado de México del PRI; Sonora del PRI, y Puebla del PAN.
El Índice de Estado de Derecho 2018 fue elaborado por el World Justice Project y se basa en los resultados e impactos de políticas públicas, por ejemplo, si la delincuencia se controla de manera efectiva o si las personas tienen acceso a los tribunales.
El documento fue presentado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y destaca que “ningún estado llega a una calificación perfecta; de hecho, la puntuación más alta es de 0.45, lo cual implica que todos los estados tienen retos importantes por delante”.
El Índice mide en total ocho factores: Límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; Gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil, y justicia penal.
El factor incluye las percepciones de inseguridad y el temor a ser víctima, ya que éstas impactan el comportamiento de las personas y de las empresas. Este factor no incluye delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse.
Los subfactores que se miden son: ausencia de homicidios; ausencia de crimen y la percepción de seguridad de las personas.
Para que el acceso a la justicia civil se garantice, indica el índice, es necesario que las personas conozcan y confíen en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales; que exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible, y que la justicia civil no imponga barreras por costos ni por procesos burocráticos.
Jalisco se encuentra en el décimo lugar de la lista.
El Índice del World Justice Project utilizó información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país; así como más 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada a población general a 25 mil 600 personas, de las respuestas a encuestas aplicadas a más de mil 500 abogados y expertos en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, y salud pública, y de información generada por otras instituciones.
Esto representa una opinión del medio basado en información de Sin Censura
