NO HAY EVIDENCIA QUE PRESENCIA MILITAR REDUZCA VIOLENCIA

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Incrementa violencia en diez estados a la par del despliegue de la Guardia Nacional

Los asesinatos en México se incrementaron o se mantuvieron iguales en casi la mitad del territorio después de 9 meses del 2022 a comparación del 2021. Paralelamente, el gobierno ordenó cada vez mayor despliegue de la Guardia Nacional y dejó inconclusa la depuración y certificación de policías locales.

De acuerdo con datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el nivel de víctimas de homicidio y feminicidio aumentó en 10 estados mexicanos y se mantuvo igual en otros 3 estados en el primer bimestre de 2021. Mientras tanto, se detuvo la depuración de las fuerzas de seguridad locales, una de las justificaciones para la puesta en marcha de la Guardia Nacional, que cada vez observa mayor despliegue de elementos.

Frente al promedio de casi 95 personas asesinadas cada día en México en enero y febrero de 2021, todavía no hay una decisión respecto a la separación del cargo de más de 150 mil elementos de policía municipal y estatal que no están avalados como aptos para la realización de su trabajo. Tampoco se completó el proceso de certificación de los policías, cuyo plazo venció hace un mes.

Con respecto a los datos del primer bimestre de 2020, Zacatecas, el estado con más aumento de violencia, incrementó al 128 por ciento su número de asesinatos en el primer bimestre de 2021. San Luis Potosí y Querétaro aumentaron casi el 45 por ciento en sus homicidios. Baja California Norte, el segundo estado con la mayor cifra de asesinatos en el país, registró un aumento superior al 31 por ciento en su nivel de violencia homicida. Nayarit alzó su porcentaje de homicidios un 26.5, Durango un 20, Sonora un 16-7, Chiapas un 13.6, Campeche un 6.3 y Veracruz un 4.6.

En cuatro estados los asesinatos se mantuvieron casi al mismo nivel del año pasado: Baja California Sur, Morelos, Yucatán y Nuevo León. Solamente decrementó el nivel de violencia homicida en Guanajuato, Puebla y Tamaulipas, los últimos con un descenso de poco más de 30 por ciento.

SIN EVIDENCIA QUE PRESENCIA MILITAR REDUZCA LA VIOLENCIA EN EL PAÍS

Tito Garza Onofre, catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, criticó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que buscará que la Guardia Nacional, corporación que tiene desplegados a miles de elementos en territorio mexicano, sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El presidente ya vio que con la reforma eléctrica no se pudo conseguir una mayoría. Simple y sencillamente se usa un atajo, un atajo, que esto es lo más preocupante y esto es lo ilegal”, indicó sobre el decreto que aún no presenta el mandatario.

“Si quieres modificar la Constitución, tienes que hacerlo por un camino trazado que generalmente es el de hacer negociaciones políticas, el de llevar las discusiones a las cámaras, algunos parlamentos abiertos. Lo que está haciendo el presidente es cambiándolo a través de un acuerdo, de un decreto, es decir, ni siquiera por una Ley General, una Ley Federal”, expuso Onofre.

Para el académico, una modificación de este calado es preocupante porque el Ejército mexicano “es una de las instituciones más opacas”.

“Vemos lo que vivieron la semana pasada en algunos estados de la República. Esto (la violencia) ya es sistemático, entonces si se quiere hacer bien, si hay otra manera de hacerlo, por lo menos que se respete la Constitución”, señaló.

“Lo que el presidente anunció esta semana es hipócrita en un plano ético político, en definitiva va minando las instituciones y sobre todo el respeto para la Constitución”, añadió.

Por su parte, Lilian Chapa Koloffon, analista de políticas públicas y evaluadora especializada en políticas de seguridad pública y prevención de la violencia, dijo que las autoridades de Seguridad Pública de México fallan al distribuir las responsabilidades de manera efectiva por orden de gobierno, por tipo de problema de seguridad. “Es decir, en términos operativos qué le toca a cada gobierno y quién se hace cargo cuando falla el orden de gobierno responsable”

“Cada orden de gobierno está en una mejor o peor posición para atender uno u otro problema, pero cuando esta valoración no se pone sobre la mesa es porque la ideología o las preferencias, pues ya ocuparon su lugar y la discusión útil para el diseño de mejores soluciones básicamente llega a su fin”, dijo.

Al gobierno federal le toca responder a temas que tienen que ver con el narcotráfico, pero en temas de delitos del orden común, pues obviamente es el estado y el municipio las que deben responder, recordó.

Lilian Chapa indicó que no existe evidencia alguna de que las Fuerzas Armadas sean las indicadas para prevenir y responder ante delitos como feminicidios, robos, etcétera. La Federación, en este momento, no cuenta con una estrategia para detener y disminuir la incidencia de delitos, lamentó.

La experta señaló que en México las policías municipales y estatales “tienen pocos recursos para operar y necesitan, pues mucha mayor capacitación para investigar delitos, cosa que tampoco tienen los militares”. “Es que yo no sé cómo se asume que los militares pueden hacerla de cualquier de policía”, dijo.

La experta señaló que en el país, donde la semana pasada grupos criminales causaron muertes y destrucción de negocios, no hay mecanismos de rendición de cuentas y prevalece la impunidad.

Tito Garza Onofre es autor de los libros Historia alternativa de la abogacía (Editorial Fontamara) y Entre abogados te veas. Aproximación multidisciplinar en torno al ejercicio de la abogacía (Instituto de Investigaciones Jurídicas). También ha escrito diversos artículos, ensayos y ponencias relacionados con temas del derecho, la justicia electoral, la ética y la defensa de los derechos humanos.

Lilian Chapa Koloffon ha conducido evaluaciones de diseño y desempeño de programas desplegados en ciudades con problemas conjuntamente por gobiernos federales, estatales y locales, instituciones académicas y agencias de asistencia internacional en el norte de México y Honduras. Recientemente, dirigió un equipo de investigación que realizó una evaluación sobre instituciones de justicia penal en dos ciudades colombianas post-conflicto.

 

Con información de Expansión y Desinformémonos

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Author: fisgonpoliticojal

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